Felipe Calderón ha evidenciado una vez más sus tendencias dictatoriales, al allanar ilegalmente con efectivos de la Policía Federal Preventiva las instalaciones de Luz y Fuerza, dar por terminada unilateralmente una relación contractual con 66,000 empleados (en activo y jubilados), desconocer a un sindicato democrático y legalmente constituido, decretar la liquidación y extinción de dicha empresa sin motivo válido que lo sustente y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación, todo lo anterior al amparo de la noche, en tan sólo la última hora y quince minutos del sábado 10 de octubre pasado.

Al margen de cualquier sentimiento que incite el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en los lectores, es necesario reconocer que los procedimientos de los que se valió el gobierno federal, no estuvieron apegados a derecho.

No hay empresa, ni pública ni privada, que pueda rescindir unilateralmente un contrato sin causas graves que lo sustenten. Aquí no estaba en peligro la continuidad del servicio, ni el interés superior de la Patria ni se estaba cometiendo un acto ilícito. Y por supuesto, no representa un peligro inminente ninguno de los argumentos que el Ejecutivo ha esgrimido hasta el momento. Calderón debió enviar una iniciativa de Decreto al Congreso y esperar su aprobación. Debió haber entrado en pláticas con el Sindicato, existente desde 1914 y legalmente constituido. Debió haber dado a los trabajadores la opción de ser liquidados o recontratarse, en virtud de que subsiste la materia del trabajo. Es de subrayarse también, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que comanda Javier Lozano Alarcón —el mismo personaje involucrado en el escándalo de Shenli Ye Gon— no tuvo ni tiene derecho alguno para impedir la “toma de nota” de las elecciones internas de un sindicato, siempre que éste cumpla con los requisitos de ley, como fue el caso del SME.

Los artículos 14 y 16 de la Constitución consignan que nadie —trátese de individuos o de colectivos— puede ser privado ni molestado en sus derechos y posesiones (el trabajo es uno de ellos) sin previo juicio y teniendo la posibilidad de manifestar su oposición.  Y el artículo 49 consigna que el Ejecutivo federal no podrá actuar sin el consenso de los otros dos poderes de la Unión, salvo en caso de grave peligro social o conflicto. De esta manera, se puso en indefensión jurídica a los trabajadores del SME ante un acto absolutamente arbitrario del patrón-autoridad y se está violando flagrantemente el artículo 123.

Simultáneamente, el presidente de facto ha hecho uso —ya no sorprende— de un aparato publicitario oneroso para confundir y distraer a la “opinión pública”. Ha esgrimido argumentos sensibleros y tendenciosos en los que falazmente compara el desembolso destinado al programa “Oportunidades” —de claros tintes electorero-clientelares— con los recursos destinados a Luz y Fuerza, sugiriendo en el público la idea de que no son los administradores —nombrados por él—, sino los trabajadores y dirigentes sindicales quienes dispendian los recursos de la paraestatal. Martín Esparza, líder sindical de los electricistas, ha revelado que existen muchas dependencias gubernamentales, incluida la propia Presidencia de la República, editoras de periódicos —de “línea” gubernamental, por supuesto—, hoteles y hasta la “Torre Mayor”, que no pagan la energía eléctrica que consumen. Pero Calderón insiste en que “se pierde” la tercera parte de la energía eléctrica producida, pasando por alto que corresponde al poder judicial —previa solicitud de los administradores, y no de los sindicalizados— la persecución de cualquier “robo” de energía.

Entrando un poco en la numeralia, debemos mencionar que el gasto destinado al pago de salarios y prestaciones de los sindicalizados corresponde al 37% de lo que recauda en ventas la compañía. ¿Dónde quedó entonces el dispendio de los recursos transferidos?

Los verdaderos motivos de este conflicto, se encuentran en la negativa sindical a avalar los intereses evidentes de privatizar —aunque Calderón se encargue insistentemente de negarlo— los negocios de 1100 kilómetros de fibra óptica concesionada a la empresa WL Comunicaciones (se dice que en sociedad con dos ex secretarios de Energía), así como de la generación de más del 30% de la energía eléctrica total, en plantas a ciclos combinados de gas, instaladas con capital privado por empresas extranjeras —Iberdrola, Electricitè de France (EDF, paraestatal francesa de la que hace tiempo alerté), Mitsubishi, GE-Bechtel, Enron, Union-Fenosa y TransAlta, entre otras. Así, la compañía que substituya a la avasallada Luz y Fuerza, estará únicamente otorgando licitaciones y efectuando cobranza a nombre de las trasnacionales mencionadas, en franca contravención a lo dispuesto por el artículo 27 constitucional. Pero de esto no se quiere hablar desde el sexenio de Fox. (Casualmente, ¿recuerdan quién era uno de los Secretarios de Energía en esa época…?)

“Haiga sido como haiga sido”, el “presidente del empleo”, en su cruzada contra el SME, lanzó a la calle —literalmente, “de la noche a la mañana”— a 42 mil trabajadores, con una difusa promesa de “recontratar” a uno de cada cuatro y prometiendo liquidar con prestaciones muy superiores a las de la ley e incluso superiores a las de su contrato colectivo (¿no decía que eran prestaciones rayanas en lo insultante?) a quienes se acojan a esta prerrogativa. Dice que el costo de la liquidación será de hasta 20 mil millones de pesos. ¿De dónde saldrá el dinero para proceder al pago de indemnizaciones si el gobierno había acusado problemas de liquidez por un “boquete económico” de 300 mil millones de pesos? ¿Se tratará de otra mentira más de Calderón?

Luis Martín Ángeles L.

luiz21_eng@hotmail.com

P.S.- El primer poblado que tuvo energía eléctrica en el país, además de la ciudad de México, fue Batopilas, en el estado de Chihuahua, generada por la compañía minera Batopilas Minning Co.  Casualmente, Manuel Gómez Morín nació ahí. Quizá por eso, al conocer la decisión nacionalizadora del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, decidió renunciar a su puesto en la Secretaría de Hacienda y avocarse a fundar el Partido Acción Nacional. Una de las noticias tristes para la mayoría de los mexicanos es que en el municipio de Batopilas se acaba de otorgar la concesión para su explotación a una compañía minera canadiense. El artículo 27 constitucional es letra muerta para este gobierno ilegal.

http://www.jornada.unam.mx/2009/10/11/index.php?section=economia&article=035n1eco