Segunda Estampa.

Junio de 1985: Formación de la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria (UNIR).

Tercera parte. Navegando entre dos aguas: la participación electoral y la participación en el movimiento de masas (1981-1987)

Las lecciones del Paro Cívico Nacional de 1983.

Para los meses de marzo de 1982 a junio de 1983 se desata con una profundidad y violencia sin paragón una gran crisis del capitalismo mundial y particularmente del capitalismo en México. En diciembre de 1982 toma posesión el gobierno priísta de Miguel de la Madrid Hurtado, un funcionario formado en las oficinas de gestión económica gubernamental. Al igual que sus antecesores en la Presidencia de México, Luis Echeverría y José López Portillo, Miguel de la Madrid (MMH) era el tercer personaje al hilo que, no obstante su carrera política en el PRI, jamás había pasado por un puesto de elección popular. Su ascensión en los versallescos escalones del poder político mexicano no fue en los terrenos de las diputaciones, gubernaturas, senadurías, sino en el terreno de las oficinas burocráticas. MMH se rodeó de un grupo de economistas formados en universidades estadunidenses, quienes traían entre sus bagajes académicos a esas teorías económicas que estaban cobrando vigor en Europa occidental (fundamentalmente en la Gran Bretaña thatcherista) y sobre todo en los Estados Unidos: teorías económicas que cuestionaban las bases del Estado benefactor, y en su lugar proponían la progresiva desregulación estatal de la economía, para dejar que los “mercados” fueran quienes se hicieran cargo de la actividad económica.

En el seno de las clases dominantes en México, la crisis de aquellos años desató una fiera lucha por el poder, la cual fue agravada por la nacionalización del sistema bancario que decretó en sus estertores el gobierno de José López Portillo (en el mes de septiembre de 1982). Miguel de la Madrid Hurtado y su equipo más cercano, liderado por su secretario de programación y presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, implementaron la aplicación de esas recetas neoliberales, muchas de ellas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, y que se referían al recorte del gasto público (tocándole muy fuerte la afectación a los sectores educativos, de salud, de apoyo al campo, de subsidios para productos de la canasta básica), a la entrega de empresas y sectores productivos a la iniciativa privada, a una draconiana política de contención de los salarios: desde que el neoliberalismo se implanta con fuerza en esos años del delamadridismo-salinismo, lo hizo bajo la receta bien conocida, que es la de privatizar las fuentes y actividades generadoras de riqueza, pero en cambio, socializar la pobreza.

Ese recetario neoliberal que estaba estrenando el tándem MMH-Salinas, para que pudiera tener alguna viabilidad, requería quitarle a los sindicatos una gran parte de su incidencia en la política económica nacional, pues recordemos que esa ideología neoliberal estipula que los empresarios, por la fuerza de “la naturaleza” que dice que lo “privado” es cualitativa e intrínsecamente “superior” a “lo público”, requieren contar con un ambiente despejado de esos distorsionadores de las fuerzas de la oferta y la demanda que son los sindicatos. Así que a lo largo del sexenio de MMH se lleva a cabo una sorda lucha en el seno del régimen político mexicano, pues los sindicatos charros y sus escleróticos liderazgos (con el emblemático “charro mayor” a la cabeza, Fidel Velázquez) se resistían a perder los espacios de poder logrados durante todos aquellos gobiernos de la “revolución”. Era notable y muy fuerte la efervescencia popular que se vivía en aquellos años 1982, 1983, 1984, pues, cosa nunca antes vista, esos poderosos sindicatos charros se habían atrevido a estallar o a emplazar a huelgas nacionales, mientras que en otros sectores de las clases populares golpeaba con fuerza inusitada la carestía, la subida demencial de precios, el desempleo, la caída del poder adquisitivo de los salarios. No pocas voces clamaban sobre la inminencia de un «estallido social» dado el clima de desasosiego y de enojo contra todo aquel recetario antipopular del neoliberalismo que aplicaban con una insensibilidad y soberbia enormes los tecnócratas liderados por Carlos Salinas de Gortari.

Del lado de la izquierda, ya hemos mencionado que esos años de crisis económica y social profunda, paradójicamente, no se reflejaron en su implantación social. Para las elecciones intermedias de 1985, en lo más granado de la crisis, el conjunto de todas las izquierdas participantes apenas logró un pobrísimo 6.1% del total de los votos. Para muchos era desazonante el ver que no obstante la profundidad y la severidad de la crisis, la mayor parte de los votos seguía siendo para el partido de Estado, el PRI, seguido por el partido de la derecha, Acción Nacional. Fue hasta después de los terremotos que sacudieron las zonas centrales de la ciudad de México, en septiembre de 1985, que pudieron obtenerse algunas respuestas claras sobre esa paradoja: que la enorme mayoría del pueblo estuviera votando a favor de los artífices de la crisis, del desempleo, de la carestía de la vida, del tremendo descenso en los niveles de vida, de la subida de los fenómenos de desintegración social como la delincuencia común, el narcotráfico, la violencia que crecía en el seno de no pocas familias mexicanas. Ya tocaremos este punto.

Por el momento, vale la pena retomar la cuestión acerca de los intentos que se daban en el seno de la izquierda revolucionaria mexicana para enfrentar aquel escenario de terrible crisis económica y social. Se trataba de un grupo muy amplio de actores políticos (organizaciones y cuadros militantes) que para esos años de 1982-1985 estaban disgregadísimos en una pedacería de organismos políticos y organizaciones sociales muy aislados entre sí. Ya hemos hecho notar que el insularismo, es decir, ese actuar desde, para y por “las islas” organizativas era una característica peculiar de la izquierda revolucionaria mexicana. No obstante lo anterior, hay que sacarse de la mente y del imaginario político uno de los más caros prejuicios de la derecha: que la izquierda, “por naturaleza”, tiende siempre a la división y a la atomización de sus fuerzas. Se trata de una falsedad sin ningún atenuante.

Nos hemos estado ocupando del ejemplo de la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria (UNIR), y de las grandes coordinadoras de masas de aquel tiempo (la CNPA, la CONAMUP, la CNTE, la Coordinadora Sindical Nacional -COSINA), precisamente para mostrar que los esfuerzos hacia la unidad formaban parte sustancial de las ideas, acciones e intenciones de la izquierda revolucionaria mexicana. En el seno de las organizaciones políticas y de las coordinadoras de masas estaba muy presente la obligación política de caminar hacia esquemas y plataformas de acción unitarias: la crisis de aquellos años era considerada, con acierto, como una especie de guadaña que iba a segar a las actitudes, personas y organizaciones que siguieran apostándole a la “pureza” del grupúsculo, a la fe de las catacumbas del sectarismo ideológico. La defensa y la acción del pueblo pasaban por buscar espacios de unidad en acciones concretas.

Una de estas acciones unitarias, y que galvanizó con fuerza los ánimos de toda la izquierda mexicana, fue el “Paro Cívico Nacional” (realizado en octubre de 1983) y cuya convocatoria provino de la Asamblea Nacional Obrera, Campesina y Popular (ANOCP). En esta última, lograron coincidir organizaciones de muy distinta raíz y perfil ideológico. Por ejemplo, en ese espacio unitario participaban quienes venían de la agrupación ex guerrillera del estado de Guerrero, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), y los “eurocomunistas” del recién formado en 1981, Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Estaban también los ex espartaquistas que compartieron camino con José Revueltas, los trotskistas del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) que en 1982 habían impulsado la candidatura presidencial de doña Rosario Ibarra de Piedra, los maoístas de la Organización de Izquierda Revolucionaria - Línea de Masas (OIR-LM) que estaban implantando organizaciones de colonos en una de las plazas fuertes del PRI, la delegación Iztapalapa del Distrito Federal. En suma, en la ANOCP pudo por fin llevarse a cabo la unidad de la mayor parte de las izquierdas mexicanas, no sólo por el mero impulso voluntarista de unos cuantos dirigentes o burócratas de tribu o de ésta o aquélla corriente política, sino en buena medida por la propia profundidad de la crisis y de las agresiones económicas hacia el pueblo que implementaban los tecnócratas neoliberales liderados por Salinas de Gortari.

El Paro Cívico Nacional fue acordado por todas esas fuerzas sociales y políticas agrupadas en la ANOCP, con la idea de llevar a cabo una acción con la que pudiera medirse, de manera concreta, la correlación política de fuerzas en aquel momento de la crisis: ¿qué tan capaz era la izquierda mexicana unificada para levantar un paro nacional de protesta? Si el Paro Cívico Nacional tenía el éxito que algunos auguraban, el paso siguiente sería el de convocar a una jornada nacional de huelgas y paros, y eventualmente, a unas jornadas propiamente políticas para lograr un cambio radical de régimen. Claro está que algunos participantes en la ANOCP no iban tan lejos en este camino de continuar radicalizando al movimiento hasta desembocar en una insurrección popular: para entonces, había sectores muy importantes en la izquierda mexicana que se habían desembarazado de esas acciones de tipo “leninista” o “guevarista”, y que en su lugar habían colocado a las elecciones y a la participación parlamentaria como el camino pertinente y más apropiado para lograr un vuelco en el modelo económico. La mayor parte de quienes tenían este punto de vista eran los dirigentes y muchos militantes del PSUM: para ellos, el Paro Cívico Nacional se inscribía en la cadena de movilizaciones populares de izquierda en contra de una política económica concreta (los “planes de austeridad” del gobierno de MMH), pero que no se inscribía en una secuencia de huelgas nacionales y jornadas insurreccionales, como lo planteaban otras organizaciones más radicales.

Como fuera, el Paro Cívico Nacional tuvo como resultados concretos paros de labores totales o parciales en algunas universidades y escuelas públicas del país, en algunas pocas empresas donde había sindicatos independientes, y su expresión más visible fue en las marchas de protesta llevadas a cabo en las plazas de algunas capitales del país, sobresaliendo, una vez más, la realizada en el Zócalo de la ciudad de México, en donde fueron muy visibles por su número y combatividad los contingentes del movimiento urbano popular, los maestros de la CNTE y las organizaciones campesinas de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, CNPA.

Sin embargo, el Paro Cívico no había logrado el cometido de que se hubiera dado precisamente un paro de labores de escala nacional y por ese lado mostrar al gobierno la amplitud del descontento (en consonancia de los diagnósticos muy socorridos en aquel tiempo de que la crisis económica estaba engendrando un “estallido social”, el cual, como se ve, nunca llegó). Desde los años aciagos de la matanza de Tlatelolco y de la guerra sucia gubernamental en la que criminalizaba la protesta con el pretexto de las guerrillas, era cierto que mucho se había avanzado en la implantación de organizaciones sociales de izquierda en su terreno “natural” que eran las universidades públicas, pero también en zonas del campo mexicano (como en Guerrero, Oaxaca, Morelos, estado de México, Veracruz, Hidalgo y el sureño estado de Chiapas a donde habían llegado los activistas que años más tarde organizaron al EZLN), en amplias zonas de las periferias populares de las ciudades mexicanas, en empresas y fábricas donde se avanzaba a paso de tortuga en la constitución de sindicatos autónomos y de izquierda. El Paro Cívico Nacional había mostrado que la izquierda mexicana era capaz de convocar no sólo a estudiantes universitarios, sino a un amplio conjunto de sectores populares organizados para la realización de una jornada nacional de protesta. Ya no la tendría tan fácil el gobierno a la hora de optar por el camino de la matanza, la represión carcelaria y la desaparición física puesto que la oposición más consolidada y consecuente no se reducía a cierta población estudiantil (como en 1968 y en 1971, año del halconazo echeverrista), ya que esa oposición abarcaba a grupos organizados en el campo, las ciudades, las escuelas y un número pequeño, pero creciente, de sindicatos. Además, para ese año de 1983, ya había cuajado otra importantísima experiencia organizativa, que era el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), gracias a cuya actividad en la izquierda fue formándose y consolidándose una cultura de la defensa de los derechos humanos, y que, a pesar de todas las piedras que le han colocado en contra los gobiernos priístas y de la derecha del PAN, ya forma parte integrante de la cultura política mexicana.

Desde 1968 hasta ese mes de octubre de 1983 en que se realizó el Paro Cívico Nacional, resultaba entonces que la izquierda mexicana no había emprendido un viaje en la tierra baldía. Los resultados prácticos del Paro Cívico Nacional mostraban que era exagerado el pensar que una crisis económica, por profunda y por lo agresivamente antipopular que fuera, iba a ser una especie de detonador de paros, huelgas e insurrecciones populares incontenibles. Sólo un puñado de fábricas, algunas universidades públicas habían logrado, efectivamente, realizar un paro de labores. Y pese a la multitud que se manifestó en el Zócalo (como no se había visto desde mediados de los setenta en las grandes movilizaciones en apoyo a la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana), era evidente que la izquierda mexicana estaba aún lejos de trascender su crisis de realización, es decir, esa crisis que se expresaba en que la inmensa mayoría del pueblo mexicano nomás no compartía (por las razones que fuese) la ideología, los programas, las alternativas, las propuestas venidas desde la izquierda.

Por otra parte, había sido muy evidente el hecho de que existían concepciones e ideas muy diferentes sobre la misma naturaleza del Paro Cívico Nacional. ¿Se trataba sólo de una jornada de protesta contra el modelo económico, o debía inscribirse en una secuencia de acumulación de fuerzas para llegar, eventualmente, a la revolución socialista en México? ¿Debía privilegiarse una línea política puramente “protestaria” contra medidas económicas, o debían seguirse realizando paros y huelgas, aunque fuesen de escala menor, pero en la mira de que fueran un medio de aprendizaje político para el pueblo? Y la cuestión más espinosa: a final de cuentas qué resultaba más efectivo para lograr un cambio tanto en el modelo económico como en el régimen político, ¿la política llevada a cabo en los espacios electorales y parlamentarios? ¿O la política que buscaba implantar organizaciones y movimientos populares para desde ahí ir constituyendo un cambio quizá lento, pero efectivo, en la correlación de fuerzas a favor de los actores populares y de las organizaciones políticas de izquierda?

Hubo dos respuestas muy generales a estas interrogantes. Un grupo de actores optó por la vía parlamentaria y electoral. Se trataba del grupo que contaba con una mayor visibilidad mediática y pública, y que seguiría ensayando, con fortuna diversa, fórmulas de unidad con otras fuerzas políticas con las que había la común coincidencia en hacer del espacio parlamentario y de la vía electoral, el principal espacio desde donde detonar cambios en el modelo económico y cambios (de tinte ya no revolucionario, sino más bien liberal y reformista) en el régimen político. Por esta senda caminaron el PSUM, los grupos lombardistas cercanos al “nacionalismo revolucionario”, y coincidirían con el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), liderado por Heberto Castillo y que se caracterizaba por una conjunción de nacionalismo revolucionario de estilo cardenista, y demandas de democratización en sindicatos y en formas de participación electoral. En 1987, estos grupos se fusionarían en el Partido Mexicano Socialista (PMS), agrupación partidaria que tuvo una breve existencia de poco más de un año y medio, pues en 1989 se disolvería para fundirse en el Partido de la Revolución Democrática.

El segundo grupo de actores marchó por la otra vereda, que privilegiaba la organización popular y la disputa por el poder contra el PRI y la derecha, palmo a palmo, en el territorio de colonias, zonas agrícolas, escuelas, sindicatos. Para este segundo grupo, que es el de la izquierda revolucionaria mexicana, la participación electoral era viable siempre y cuando fuera un elemento para apuntalar y potenciar esos procesos de organización popular, pero no debería transformarse en un “electoralismo” por medio del cual se privilegiara formar clientelas electorales al estilo priísta, o para servir como una especie de rueda de la fortuna a donde subirse para llegar a diputaciones o bien otros puestos de elección, olvidándose que lo esencial era la organización del pueblo, su aprendizaje, el acompañamiento en sus luchas, demandas, inquietudes, problemas, esperanzas.

Al igual que la izquierda reformista, la izquierda revolucionaria también siguió buscando métodos y espacios para llegar a la unidad. El proyecto más acabado de esta línea fue, como lo hemos venido comentando, la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria, organizada como un frente político: sus instancias de dirección estaban ocupadas, en igualdad de circunstancias y contando con voz y voto, por delegados electos en cada una de las organizaciones políticas participantes, las cuales eran tenidas, también, en igualdad absoluta unas de otras, si bien se respetaba la manera en que cada organización particular tomaba sus acuerdos y procesaba sus diferendos internos. La única condición de ingreso fue el que la mayoría de los militantes hubiera elegido que su organización específica participara en ese proyecto de la UNIR. La dirección colegiada de la UNIR tenía el mandato (de cada una de las organizaciones unificadas) de establecer un plan de acción político en estos aspectos: contra la represión política, contra la represión judicial, contra la carestía; a favor de la presentación de presos y desaparecidos políticos, a favor y en solidaridad con movimientos de liberación nacional en otros países. Otro eje de acción era el de establecer espacios donde los militantes de cada organización fueran acercándose y conociéndose personalmente, y serían espacios dedicados a la discusión de ciertos temas y ciertas acciones.

En suma, para la izquierda revolucionaria, la “unidad” no era una especie de abstracción carente de concreción: al contrario de la izquierda reformista que estaba unificándose teniendo en mientes el construirse como partidos electoralistas y pegados a una dinámica exclusivamente parlamentaria (es decir, la consecución de un mayor caudal de votos, una bancada mayor, una presencia mediática también mayor a través de esa participación parlamentaria), la izquierda revolucionaria se proponía construir su camino hacia la unidad pero pasando por etapas: primero un frente político, después, eventualmente, una liga de organizaciones partidarias, hasta arribar a un partido político único de la izquierda revolucionaria mexicana. Y esas fases de construcción tenían que ser revisadas en espacios y discutidos y decididos a través de métodos democráticos por toda la base militante, y no sólo por el voluntarismo o el unilateralismo de unos cuantos dirigentes, sin tomarle consultas a la base. Otro más de los aspectos juzgados esenciales para arribar a esa unidad, fue la de cuidar la formación de los cuadros militantes: no podía la izquierda revolucionaria seguir el camino de la izquierda reformista en el sentido de convertir a sus militantes en un puñado de activistas despojados de saberes y de poderes para intervenir en las decisiones, orientaciones y discusiones de su organización unificada. En la perspectiva de la UNIR, el PSUM y otras organizaciones de izquierda reformista estaban enganchadas en la vía de convertirse en partidos manejados según el saber y entender un puñado de dirigentes y de sus personalidades parlamentarias, mientras los militantes eran rebajados al papel de activistas despojados de espacios de formación, para ya no referirnos a sus poderes de decisión.

Las paradojas de la izquierda revolucionaria en 1985 y 1986: los terremotos y la huelga estudiantil en la UNAM.

El martes 24 de septiembre de 1985 en uno de los auditorios de la Ciudad Universitaria del D.F. se llevó a cabo una reunión urgente convocada por una parte de las organizaciones de la UNIR. Apenas unos cuantos días antes, el 19 y el 20 de ese mes, partes de la zona central de la ciudad de México habían sido destruidas luego de producirse unos intensos movimientos telúricos. Prácticamente todos los actores políticos, de izquierda a derecha, y comenzando por el propio gobierno delamadridista, habían caído en un profundo pasmo y desmovilización ante la magnitud del desastre humanitario y material. Las cifras oficiales, como era de esperarse, tienen aún muy poca consistencia, pero podemos apegarnos al cálculo de que se perdieron cerca de entre 40 y 60 mil vidas humanas. Entre 150 a 200 mil personas perdieron sus casas, departamentos, viviendas. Decenas de escuelas y hospitales públicos se vinieron abajo. Cientos de trabajadoras de la industria textil, conocidas poco después como “las costureras de San Antonio Abad”, habían muerto prensadas entre los pisos y techos derruidos de los míseros talleres en donde se les hacía trabajar bajo condiciones de una escandalosa explotación. Pero no sólo las ruinas y las cifras de las víctimas daban la tonalidad para esas semanas de septiembre a diciembre de 1985, pues era indudable, para tirios y troyanos, que una intensa movilización social se había producido para hacerse cargo de muchas tareas de auxilio, rescate, apoyo.

«Tenemos que darnos cuenta que hasta pasados cinco días venimos aquí a ver cómo le vamos a entrar para ayudar a la gente, y tenemos que darnos cuenta de lo jodida que está nuestra izquierda revolucionaria por haberse tardado tanto», sentenció un militante de la UNIR, con un evidente dejo de autocrítica y de reclamo, durante la reunión urgente del martes 24 de septiembre. Puede decirse que la crítica cayó en terreno fértil, pues a partir de aquel día, la UNIR dio luz verde a cada una de sus agrupaciones políticas para que éstas actuaran en las distintas labores de auxilio a la población civil afectada, según los medios, recursos, la calidad de sus militantes y de acuerdo a la ideología particular de cada organización política. Este resolutivo en los hechos vino a quebrantar la original intención unitaria de aquel frente político de la izquierda revolucionaria mexicana, puesto que se dejaba en plena libertad de acción a cada una de las agrupaciones para que se implicara, según su leal y buen saber y entender, en las tareas propias del desastre humano y material. Conviene tener muy presente este hecho porque pasados apenas unos ocho o nueve meses después de aquel septiembre de 1985, puede decirse que la UNIR, para todo efecto práctico, no era más que un membrete inoperante y fantasma.

Después de los sismos de 1985, la izquierda revolucionaria mexicana se encontraba frente a una situación extremadamente paradójica, ya que, de un lado, una buena parte de sus agrupaciones políticas se habían integrado con mucho éxito no sólo en las labores de auxilio inmediato, sino que estaban avanzando con rapidez en la organización de los damnificados, los vecinos, los colonos y decenas de miles de personas que demandaban vivienda. Es decir que gracias a su incorporación en labores de apoyo y de organización popular luego de los sismos, la izquierda revolucionaria había -¡por fin!- salvado ese terreno desértico que separaba a sus organizaciones políticas de su real incidencia en el seno de las clases populares y trabajadoras. Tenemos que subrayar una vez más, que para los años anteriores, la izquierda revolucionaria mexicana se encontraba sumida en una fuerte crisis de realización, crisis que se caracterizaba por el hecho de que sus propuestas, ideas, programas de acción, nomás no encontraban eco entre esas clases sociales. Y pues su implantación en el escenario de desastre y de enorme desorganización originado por los terremotos, había sido la palanca efectiva para resolver, al menos en parte, esa su enorme crisis de realización: al contrario, algunas agrupaciones de la izquierda revolucionaria se encontraban en condiciones boyantes, de creciente empoderamiento, como consecuencia de que habían tenido el tino de trascender a las meras demandas de reconstrucción habitacional, puesto que estaba encabezando a decenas de miles de personas que solicitaban vivienda digna y accesible. Este es el caso para el Partido Revolucionario Socialista, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, la Organización de Izquierda Revolucionaria – Línea de Masas, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, entre otras agrupaciones que pertenecieron al frente político llamado UNIR. Así que el éxito de la implantación social de estas organizaciones de la izquierda revolucionaria se había conseguido al precio de haber dejado en suspenso indefinido la construcción de su instancia política unitaria, la ya entonces fenecida UNIR. Y con lo cual, estas organizaciones regresaron al escenario de su atomización, de la reconstrucción de sus parcialidades ideológicas y organizativas.

Para fines de 1986, los tecnócratas neoliberales volvían a dar otro ejemplo contundente, sonoro, escandaloso, de su soberbia y de su cerrazón dogmática, cuando pretendieron proceder a la paulatina privatización de la Universidad Nacional Autónoma de México, sin importarles que la corriente de opinión de la mayoría en la comunidad universitaria se manifestaba claramente contra esas intenciones. La gran huelga estudiantil y académica en la UNAM que estalló como consecuencia de esa cerrazón de la burocracia universitaria, desde luego contó con la participación destacadísima de militantes y activistas de la izquierda revolucionaria. Aunque hubo la inconformidad del sector de los «ultras» (pequeños grupos y colectivos que no cesaban de mostrar un sectarismo y acartonamiento a menudo amenazante), la conducción de la huelga universitaria por parte de la izquierda revolucionaria fue, sin dudas, exitosa: la burocracia echó para atrás su contrarreforma; se logró la aprobación de un Congreso Universitario; el movimiento estudiantil permaneció unido y salió evidentemente fortalecido gracias al respaldo y simpatía de muchos sectores sociales. No obstante que la izquierda revolucionaria era capaz de confluir y de ponerse de acuerdo, exitosamente, en movimientos sociales de masas, seguía mostrando una clara parálisis cuando se trataba de entrarle, “en serio”, al compromiso de su eventual unificación política. Seguía presentándose la paradoja de que en situaciones de urgencia social y política la izquierda revolucionaria podía no sólo implantarse, sino lograr la conducción exitosa de grandes movimientos de masas, pero al precio de que cada organización política de esa izquierda revolucionaria prefería privilegiar la acción desde, por y para cada una de sus agrupaciones particulares.

Ni siquiera el desemboque exitoso de la huelga estudiantil fue un incentivo suficiente para retomar aquel viejo planteamiento de explorar fórmulas de unidad. Eran aún muy fuertes las diferencias en concepción ideológica y en programas de acción, las discrepancias en las lecturas sobre la realidad y en los proyectos para el futuro. La fortaleza de algunos de los movimientos sociales que dirigía la izquierda revolucionaria mexicana, era la vestimenta de su muy fuente división interna. Para el año de 1987, la UNIR se había ido a ese cajón de sastre de las buenas intenciones unitarias que, por distinto orden de razones, habían permanecido en ese terreno de los buenos deseos, de la “buena conciencia” que criticaba la división y el particularismo en la izquierda revolucionaria y que no dejaba de clamar, de dientes para afuera, la “necesidad de la unidad de los revolucionarios mexicanos”.

Sin embargo, fue esa izquierda revolucionaria la que logró, de manera a menudo callada, invisible, el disputarle palmo a palmo al “PRI-Gobierno” el territorio no sólo de las colonias capitalinas, sino, más importante aún, el territorio de la mentalidad y de la imaginación política en el sentido de que existía un mundo posible y mejor que el ofrecido por los liderazgos corporativos, autoritarios y verticales del PRI. No obstante la violencia simbólica y no pocas veces física con la que el grupo de tecnócratas estaba aplicando las anti-populares recetas neoliberales, la izquierda revolucionaria mexicana estaba logrando la implantación de una subcultura política de izquierda en muchos barrios, colonias, escuelas y fábricas principalmente en la capital, pero también en varias zonas del campo y del interior del país. Cuando los militantes de la izquierda revolucionaria llegaban o bien organizaban a miles de personas, no sólo era armados con “rollos” doctrinarios, ni con diatribas antigubernamentales y anti-priístas: con ellos llegaban grupos femeninos de discusión sobre problemas de género; se formaban comisiones de estudio, de análisis sobre la problemática de la vivienda; llegaban con ellos grupos artísticos de distinta naturaleza que se dedicaban, en las mejores ocasiones, a establecer pequeñas escuelas de artes. Hasta hoy, ha sido muy poco valorado este aporte sustancial de la izquierda revolucionaria mexicana dado a los procesos de resistencia popular ante el embate neoliberal de los ochenta, y el aporte dado al cambio en las mentalidades y en la progresiva “retirada” en derrota del PRI y sus formas más atrasadas de subcultura política autoritaria. Una razón puede radicar en el hecho de que el persistente insularismo y atomización de la izquierda revolucionaria se reflejó y continúa reflejándose en el poco interés para elaborar un esbozo de historia sistemática en donde se unifiquen métodos, intenciones, proyectos, de modo que sea posible el sacar a la luz de la memoria histórica esos aportes, esas parcialidades tan fuertes, esas paradojas y contradicciones tan suyas. Y esa implantación en el seno de varias zonas y entre varios sectores del pueblo mexicano que hicieron posible cambios sociales de primerísima magnitud y profundidad históricas.

Colofón: el ventarrón Neocardenista y la disolución formal de la izquierda revolucionaria mexicana (1988-1990)

En febrero de 1988 los campesinos de la región agrícola de La Laguna (Coahuila y parte de Durango) recibieron a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato presidencial de la Corriente Democrática del PRI, menudeando una actitud combativa, festiva, retadora ante el delfín neoliberal que era el candidato oficial del priísmo, Carlos Salinas de Gortari, quien al llegar unas cuantas semanas después de Cárdenas, fue recibido entre sonoros abucheos, lluvia de huevos podridos, y no pocas referencias a la autora de sus días. Estos actos sucesivos de los campesinos laguneros fueron registrados con toda seriedad por algunos militantes y dirigentes de una parte de la izquierda revolucionaria mexicana: para ellos, estaba apenas despegando algo mucho más significativo que una sola candidatura presidencial, pues se trataba, ni más ni menos, de la progresiva aparición de un movimiento nacional de masas que en la figura de Cárdenas encontraba la vía para mostrar la fuerte corriente de enojo y de rechazo ante el neoliberalismo encarnado por el calvo de Agualeguas, Carlos Salinas.

Pero igual, no pocos integrantes de la izquierda revolucionaria mostraban una actitud que iba de las dudas al franco rechazo, ya que Cuauhtémoc Cárdenas tenía entre sus activos políticos el de “ser hijo de sus papá”, el haber sido un priísta de toda la vida, y abanderado además de partidos carentes de prestigio dado su intrínseco palerismo, ya que era el caso del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido Popular Socialista (PPS) y ese engendro y nido de oportunistas llamado Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) en donde hacían sus pininos los “chuchos” Jesús Ortega, Jesús Zambrano, de la mano de su mentor y padre político putativo, Rafael Aguilar Talamantes. La cuestión es que no obstante esa larga lista de “pero es que Cárdenas ésto, pero es que Cárdenas lo otro”, era evidente que los campesinos laguneros fueron los primeros en mostrar de manera clara, que numerosas, millonarias franjas de mexicanos olvidados, estaban yéndose del lado de la candidatura de Cárdenas Solórzano: y más aún, muchos de ellos lo hacía en franco rechazo y confrontando las represalias de lidercillos y cabecillas priístas. Para quien aún tuviera dudas sobre el hecho de que el neocardenismo representaba un movimiento de masas, pluriclasista, nacionalista y popular, la gran concentración cardenista en la Ciudad Universitaria del D.F. (mayo de 1988), vino a despejar muchos cuestionamientos e indefiniciones. El hecho es que mientras crecía la candidatura de Cárdenas, la de Heberto Castillo (por el Partido Mexicano Socialista, PMS) y la de doña Rosario Ibarra de Piedra (por el PRT) sufrían el goteo de simpatizantes y activistas que se sumaban gozosos a la locomotora incontenible del neocardenismo. Incluso la candidatura presidencial de la derecha, representada por el populista conservador que era Manuel J. Clouthier (t.c.c. “El Maquío”, del PAN), estaba pintándose con colores más bien pálidos y desteñidos. El hecho es que la gran concentración cardenista en la C.U. vino a rematar la percepción de que, si es que existía una salida alternativa a la crisis capitalista mexicana y al neoliberalismo, esa salida la representaba el movimiento de masas que se estaba articulando en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. El que esta percepción estuviera ganando consensos en la izquierda, fue tan evidente que en junio de ese 1988, y apenas a unas tres semanas de la jornada electoral que tendría lugar el 6 de julio, el ingeniero Heberto Castillo declinó la candidatura presidencial del PMS para que Cárdenas se convirtiera en el abanderado de esa agrupación política, que para entonces contaba con poco menos de un año de existencia.

Para esa coyuntura tan intensa y que desgranaba con rapidez fulgurante, la izquierda revolucionaria mexicana contaba con la experiencia recientemente adquirida durante los sismos y la huelga estudiantil de la UNAM: había que integrarse con rapidez en el seno de movimientos sociales emergentes, pues de lo contrario estos últimos, o bien serían cooptados por los muchos agentes y personeros del priísmo, o bien serían presa de los políticos “paleros” que acabarían por conducir a esos movimientos hacia la derrota segura y hacia, peor aún, un escenario de desmovilización. La reciente experiencia mostraba que era indispensable el sumarse al movimiento neocardenista, pues de lo contrario sería capitalizado por los paleros del PFCRN, PARM o PPS; tampoco era halagüeña la perspectiva de que ese movimiento quedara encerrado en los marcos de la subcultura priísta de la que procedían sus principales dirigentes, como Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Así que un número siempre creciente de militantes de la izquierda revolucionaria se sumaron al tren neocardenista, al precio, algunos de ellos, de ser expulsados de sus organizaciones de origen, como el caso del notable intelectual Adolfo Gilly, quien salió no precisamente entre aplausos y abrazos efusivos del trotskista Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT).

La cuestión es que, una vez más, la militancia de la izquierda revolucionaria estaba encontrándose unida en el seno de un movimiento social (el neocardenismo), pero con el reto de que si no lograba unificarse, en esta ocasión correría el peligro de ser desbordada por los ex – priístas que acompañaban a Cárdenas y Muñoz Ledo, y el ser desbordada sobre todo por los “paleros” que, oportunistas como eran y habían sido, no perdieron el chance de hacerse ver y aparecer como unos acérrimos cuauhtemistas. Así que en las movilizaciones populares en protesta contra el fraude electoral cometido a favor de Salinas de Gortari (quien así pudo detentar un cargo espurio, ilegal, ilegítimo, faccioso, en el sexenio 1988-1994), muy pocos militantes de la otrora izquierda revolucionaria mexicana insistieron en una actitud de mantenerse aparte y por afuera del torrente neocardenista: las franjas mayoritarias y más significativas de esa izquierda revolucionaria habían optado por incorporarse de lleno a la organización de ese movimiento de masas. De lo contrario, se condenaban a seguir el camino estéril del puritanismo ideológico, de una política aislada de los movimientos de masas, y a mantenerse encerrados en los tiempos de las cavernas de la izquierda mexicana, tiempos en los cuales sus poquitos militantes preferían las luchas intestinas y las discusiones bizantinas en lugar de acompañar efectivamente al pueblo mexicano en sus luchas, demandas y aspiraciones.

Para los meses de abril a julio de 1989, fueron formalmente disueltas muchas de las organizaciones políticas de esa aguerrida y combativa izquierda revolucionaria mexicana, al integrarse en el seno del nuevo Partido de la Revolución Democrática. Todavía un sector importante de lo que fue la maoísta Organización de Izquierda Revolucionaria – Línea de Masas (OIR – LM) optó por no participar en el proyecto del PRD, y en su lugar agruparse con otras organizaciones políticas regionales en lo que ahora es el Partido del Trabajo (PT). Mientras en el seno del PRD los militantes de lo que fue la izquierda revolucionaria fueron agrupándose en las varias corrientes internas del perredismo e iniciar, de paso, la incesante batalla interna por puestos de dirección partidaria y luego por candidaturas de elección popular, los del PT caminaron durante varios años sin sufrir escisiones y logrando una penosa conservación de sus núcleos sociales y militantes, a pesar de que, en sus inicios y durante todo ese sexenio 1988-1994, fueron claras sus ligas con el incómodo hermano, Raúl Salinas de Gortari. Pero aquel empuje original de la izquierda revolucionaria se fue diluyendo en el PRD por la fuerza de esas luchas internas incesantes y a menudo centradas en disputas burocráticas entre los jefes de las corrientes; en el PT, este partido fue quedando atrapado cada vez más por una política de gestoría sobre asuntos de vivienda y de comercialización de productos agrícolas: en el PT sus activistas fueron quedando limitados en esa labores de gestores populares (es decir, de intermediarios entre grupos de personas demandantes de vivienda o algún otro bien o servicio, y los funcionarios dedicados a “atenderlos”) mientras la dirigencia de dedicaba a hacer política parlamentaria o de medios de comunicación.

Así que en comparación con los años duros y recios de los setenta y ochenta, poco quedaba, si no es que en el puro recuerdo, de la actitud combativa de lo que fue la izquierda revolucionaria mexicana. Sin embargo, no dejemos una vez más de mencionar que fueron muy significativas sus contribuciones tanto prácticas como en las mentalidades, para que tuvieran lugar cambios sociales profundos en el régimen político y en la cultura política mexicana.

En 1994 surge el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, acontecimiento con el cual pareció recobrar vigencia aquella línea divisoria previa a la existencia del PRD y del PT, entre una izquierda reformista y electoralista, frente a una izquierda revolucionaria que sí se planteaba la actualidad del cambio en las estructuras económicas y de clases sociales en un sentido socialista. Pero esta es una materia de eventos históricos ya muy distintos de la historia que nos propusimos esbozar aquí, que fue sobre los intentos de unidad habidos en el seno de la izquierda revolucionaria mexicana.

“Aquel pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla”.